Imagen: difusión Infobae / AFP
En el Perú, más de 23 mil estudiantes refugiados y migrantes se retiraron del sistema escolar entre 2021 y 2022. De ese total, más del 50% fueron niñas y adolescentes mujeres, según datos recogidos en un reciente Análisis Rápido de Género elaborado por la ONG Plan International Perú (2025), a partir del reporte oficial de ESCALE sobre la situación de estudiantes venezolanos en el Perú (MINEDU, 2023).
El estudio, elaborado en el marco del Programa Multianual de Educación Inclusiva “APRENDER SIN BARRERAS”, financiado por Education Cannot Wait e implementado en consorcio con RET, ASOVENTRU, Plan International y UNESCO, se realizó en distritos de Lima y Trujillo, y arrojó que, aunque existen normas que garantizan el acceso a la educación sin distinción migratoria, en la práctica se sigue exigiendo documentación difícil de conseguir. Esto obliga a miles de familias a postergar la matrícula escolar e inscribir a sus hijas e hijos en escuelas informales y, en el peor de los casos, a prescindir de sus estudios.
Padres, madres y estudiantes afirman que, más allá de las complicaciones de documentación, el sistema no garantiza la convivencia intercultural ni protocolos que permitan una integración escolar efectiva. Existe una discriminación más simbólica hacia estudiantes refugiados y migrantes que parten desde su acento, forma de vestir o nacionalidad. Esto afecta el autoestima y sentido de pertenencia de escolares, lo que pone en riesgo la continuidad escolar.
Barreras que se acentúan con estereotipos: situación de niñas y adolescentes
Este contexto viene acompañado de lacarga del cuidadoque se pone sobre los hombros de las niñas, adolescentes y mujeres: estereotipos y normas de género en familia, comunidad y escuela. El estudio indica que las normas sociales de género siguen reproduciendo desigualdades estructurales y simbólicas, como la violencia basada en género, el embarazo temprano, la discriminación, sobrecarga de cuidados, entre otros, que afectan el acceso, la permanencia y la calidad educativa de las adolescentes migrantes en mayor escala que a sus pares hombres.
“No se trata solo de una falta de vacantes o una falencia del sistema educativo, sino de enfrentar cargas de cuidado en el hogar, discriminación en las aulas y estereotipos, factores que debilitan la continuidad escolar”, menciona Selmira Carreon, Coordinadora Técnica Nacional de Género, Influencia y Participación de Plan International Perú.
Esta fecha invita, además, a reflexionar sobre la necesidad de reconocer la educación, más allá de un proceso administrativo, como una necesidad urgente para la población refugiada. El desplazamiento forzado no suspende los derechos humanos. Por ello, es necesario fortalecer un sistema educativo y una comunidad abierta y libre de discriminación, en el que toda escuela se convierta en un refugio para cada niña y niño.
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