Salgalú TV

“La Defensoría del Pueblo advierte que hace falta de una voluntad política”, así declaró la adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña Vásquez, ante las altas cifras de embarazo en niñas y adolescente del país. Y es que de enero 2018 a marzo 2019, se ha registrado 57 714 embarazos en niñas y adolescentes en el rango de 9 a 17 años.

“El embarazo adolescente es un problema de salud pública y que limita sus proyecto de vida y sus derechos en materia de educación. Muchos de estos embarazos se originan por violencia sexual que pueden darse por los docentes o sus propios familiares”, dijo Cobeña Vásquez en entrevista para Salgalú Tv.

En esa línea, la adjunta expresó que esta problemática se viene agravando puesto que no solamente se tiene a adolescentes embarazadas, sino también a niñas que han sido víctimas de abuso las cuales ponen en riesgo su vida y su salud. De acuerdo a informaciones de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), solo en el 2018, -por ejemplo- se registró un total de 28 187 casos de recién nacidos de madres niñas y adolescentes en el rango de 9 a 17 años.

De las cuales, 19 casos de recién nacidos son en madres niñas de 9 a 11 años, 2 325 en adolescentes de 12 a 14 años y 25 843 en madres desde los 15 a 17 respectivamente.Sobre esta problemática, Cobeña cuestionó que el tema debe estar en la agenda política tanto del Gobierno Central, regional y local quien todos ellos tienen la responsabilidad en materia de la niñez y adolescencia. “Cuando una niña o adolescente está embarazada no deja de ser lo que es (niña/ adolescente). Estas menores no se convierten rápidamente en adultas… y es que siguen en su proceso de desarrollo”, declaró.

Por tanto, la autoridad manifestó que desde la Defensoría del Pueblo ven con preocupación esta problemática, puesto que en los últimos 20 años no se ha reducido de manera considerable y las cifras oscilan entre el 12 y 13 %.

Al término, Cobeña exhortó a las autoridades que el problema no solo es responsabilidad de una sola entidad, sino de varias instituciones. “La responsabilidad no es solo del Ministerio de Salud (Minsa); aquí también tiene que ver el Ministerio de Educación (Minedu) para la implementación de la educación sexual integral junto a otras instituciones”, concluyó la autoridad sin dejar mencionar el incremento del presupuesto para atender a las víctimas.