Salgalú TV

Imagen: difusión

“No se requiere más dinero en los ministerios, sino asegurarnos que la ley vigente se cumpla”, así opinó el economista y decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Carlos Adrianzén, en relación al cuidado de las poblaciones más vulnerables como infancia y niñez, ante diversos problemas que hoy atraviesan. Esto durante el programa Diálogo abierto de Salgalú Tv.

El experto en economía explicó que estos nueves meses que le queda al gobierno luce el aspecto económico muy accidentado, no solamente por las premuras propias de la pandemia, sino por la inercia del deterioro; es decir, se anticipa que este año sea una de las cuatro megarececiones de la historia peruana en el último siglo.

Calculó “solo este 2020 se proyecta que la baja sería de un quinto del producto per cápita, y es posible que el 2021 sea un año también muy malo. De ser así, los afanes del gobierno de querer ayudar por ejemplo a los hijos de los fallecidos por Covid-19 con una cantidad simbólica, no significaría nada”.

En ese contexto relató que en el país cuenta con una burocracia que ha probado ser muy incapaz administrando subsidios directos contra la pandemia, salvo en el área crediticia que es la más criticada en términos de bono familiar.

“Me encantaría decir que tenemos gente muy buena en el sector público. Pero la masa de escándalos por corrupción en los gobiernos locales y regionales que vemos en los medios informativos nos hace pensar otra cosa, dijo Adrianzén, quien lamentó “lo peor es que no se asignan suficientes recursos a la Contraloría General de la República para que les haga la vida difícil.

Atención ante violencia

El estado gastaba 65 mil millones de dólares en todas sus dependencias, y lo que implica ayudar de manera significativa a nuestra gente, es una porción menor de esto. “Pero en lugar de hacer las cosas de manera transparente, lo que vemos es un rendimiento muy deficiente y hay que decirlo claro, lo vienen haciendo bastante mal”.

Hizo hincapié en relación a los caos de violencia, y dijo para no llorar sobre lo mojado hay que leer las cifras con cuidado. “Que la violencia llegue a niveles en las cuales la mayoría de los niños y adolescentes estén involucrados en episodios de este tipo, marca un estrepitoso fracaso del Gobierno. No se requiere más dinero en los ministerios, sino asegurarnos que la ley vigente se cumpla”.

Y es que desde el 16 de marzo hasta el 15 de julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que atendió a 900 casos de violación sexual en el país. Del cual 600 casos fueron en niñas, adolescentes mujeres y 40 niños y adolescentes varones.

Ante ello Carlos Adrianzén consideró en primer lugar tiene que haber protección efectiva, y que la Policía pueda salir a la calle. Asimismo las reglas deben ser implacables y que cualquier abusador no quede en libertad, o que el mismo agresor no se encuentre con un Poder Judicial corrupto que termine liberando al delincuente.

“Aquí lo que tenemos es una enorme cantidad de recursos asignados a una burocracia indolente que seguro están haciendo otra cosa en lugar de defender a nuestros niños y adolescentes”, aseveró el experto en economía de la UPC.

Al final agregó que ante este escenario se requiere tener instrumentos poderosos que aseguren que la ley se cumpla, y que los abusos contra los niños sean ejemplarmente castigados. Explayó para tal caso el Estado no va poder solo, y por ende la necesidad de que todos los sectores (Estado, sector privado, sociedad civil) deberían colaborar.