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Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo (DP), indicó que existe rechazo por parte de escuelas públicas y privadas para matricular a niños y jóvenes con alguna discapacidad física, motora e intelectual, entre otros.

“Por lo general, los colegios responden que no tienen vacantes y no lo demuestran o que no están capacitados o que no aceptan a niños enfermos o que si lo hacen van a retrasar el aprendizaje de los demás estudiantes. No solo los directores y docentes cometen estos actos sino los padres de familia de los otros alumnos”, explicó Pineda.

Del mismo modo, informó que la mayoría de los colegios no cuentan con docentes capacitados para brindar una educación inclusiva ni tampoco para realizar las adaptaciones curriculares que requieren estos estudiantes.

“Los colegios sostienen que no están preparados y así comienza a acumularse una serie de barreras que hacen que los padres no encuentren un colegio cerca de su hogar. Tenemos casos de papás que visitan hasta 26 colegios antes de encontrar uno que acepte a sus hijos”, contó la jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la DP.

Pineda explicó que, de acuerdo con la legislación internacional y nacional, estas acciones representan actos de discriminación e informó que esto se aprecia en colegios públicos y privados.

Entre estas normativas están, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Perú firmó en el 2006 y ratificó en el 2008, y la vigente Ley de Educación, modificada en el 2003.

La DP supervisó a 779 escuelas en todo el país y halló que 90 490 alumnos con alguna discapacidad no acceden al sistema educativo, el equivalente al 11.96% del total de escolares entrevistados.

La funcionaria recomendó acudir a las autoridades del colegio a reclamar por estos actos discriminatorios, luego a las unidades de gestión educativa (o UGEL) o a las direcciones regionales de educación y a Indecopi, en caso se trate de instituciones privadas.