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Con el fin de proteger y prevenir todo tipo de violencia en menores de edad se aprobó el Decreto de Urgencia N° 019-2019, que inhabilitará definitivamente a ciudadanos (docentes y administrativos) que atenten contra menores de edad dentro del sector educación.

Con esta medida se amplía a 17 la cantidad de los delitos relacionados a este tema. Las sentencias deberán ser reportadas por los jueces a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y luego inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Dicha medida se suma a las ya establecidas por delitos como violación sexual, terrorismo, apología al terrorismo y tráfico de drogas. Los delitos que fueron incorporados son trata de personas, explotación sexual, esclavitud, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, sicariato, secuestro extorsivo contra la humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura) y violación de la intimidad personal mediante la propagación de imágenes, material audiovisual o audios de contenido sexual que atenten contra los menores de edad.

Figura también el proxenetismo, la pornografía infantil, proposiciones indecentes a niños y adolescentes por medio de la tecnología. Los jueces podrán imponer la medida como pena de inhabilitación sobre los profesores con antecedentes, cuando se determinen los hechos perpetrados.

El decreto de urgencia entrará en vigencia el próximo año. Con esta medida, las autoridades esperan reducir los casos de violencia en la escuela que, solo entre septiembre del 2013 a mayo del 2019, de acuerdo con el programa SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), alcanzaron la cifra de 29 527. De ese total, 4 212 figuran como casos de violencia sexual.