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“La presión política para acelerar los pasos en cuanto a la ejecución presupuestaria de gastos y actividades podría representar un error”, manifestó el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, en relación a las metas pendientes que tienen las distintas instituciones de gobierno, tras la asignación de 177 367 millones 859 mil 707 soles como parte del Presupuesto Público para el 2020.

Casas dijo que la no ejecución del presupuesto público en muchos sectores por parte de las instituciones estatales se debe a una serie de acciones como la propia intervención de la Contraloría General de la República y el sistema burocrático, además de la falta de capacidad y conocimiento por parte de los funcionarios.

En ese sentido, indicó que las autoridades podrían tener la voluntad política para la ejecución de gastos y actividades, pero que esta se apaga por miedo a la Contraloría.

“Esta voluntad política tendría que tener procedimientos mucho más sencillos, transparentes y eficientes para reducir la corrupción y que haya malos manejos en el gasto”, sostuvo el economista.

Y añadió lo siguiente: “Hay que luchar contra la corrupción, pero se ha establecido tanto miedo a los servidores no corruptos que, debido a la injerencia y control superior de la Contraloría, se paralizan muchas obras o se espera tal determinación”.

Sobre el presupuesto público

El presupuesto asignado por el Gobierno nacional busca financiar todas las actividades que tienen las entidades públicas en distintos temas, como seguridad, defensa, justicia, energía, educación y salud, para de esa manera brindar servicios de calidad y en cantidad.

“Estos (prepuestos) tienen la prioridad de cubrir las necesidades, principalmente, al interior del país, puesto que no tienen los recursos suficientes, como sí los tiene Lima”, puntualizó Casas.

“Aquí lo que vemos es cuánto el Estado está dispuesto a gastar en cada una de sus funciones. Esto viene atado a otras instancias políticas, que tratan de mejorar la gestión y tener sistemas que sean más eficientes en el gasto, para poder usar los recursos de manera mucho más rápida, eficiente y transparente”, añadió el también profesor e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

En ese contexto, encaminó que esta ejecución está más relacionada a los procedimientos de los sistemas que manejan las distintas instituciones públicas y a la capacidad que tienen los funcionarios para poder gastar de manera eficiente. Y es que para el 2020, el monto es mayor en un 5.5 por ciento, respecto a lo designado este año.

Al final, recomendó que las autoridades tienen que tener claro en qué deben gastar dichos presupuestos, toda vez que los recursos son escasos en el contexto regional.

“Se tiene que priorizar en los efectos posibles e invertir en productos donde haya mayor competencia para así aminorar los costos y simplificar los procedimientos”, explicó Casas.