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Imagen: composición IA. 

Con el fin de generar una nueva política con presupuesto y medidas urgentes para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes de las comunidades Awajún y Wampis de Condorcanqui, diversas organizaciones redactaron una carta pública dirigida al Gobierno con tres medidas urgentes para atender a la niñez en la Amazonía.

Diversas personas, organizaciones y colectivos exhortaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a atender la grave situación de violencia, desprotección y vulneración de derechos que afecta a niñas, adolescentes y mujeres de los pueblos Awajún y Wampis, en la provincia de Condorcanqui. Advirtieron que se trata de un problema estructural marcado por la deficiente prestación de servicios públicos, la inseguridad alimentaria, las limitaciones en el acceso a la justicia y el impacto de actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas.

Por ello, organizaciones como Desafío Condorcanqui, Tejedoras, Aprodeh, Grupo Propuesta Ciudadana, Voves Ciudadanas, Aprendizaje con Bienestar, entre otras; plantearon tres medidas urgentes:

• Atención integral en salud

Con prioridad en salud mental, embarazo adolescente y VIH, demandamos una estrategia de salud integral e intercultural, articulada entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas, las organizaciones indígenas, que incluya centros de salud mental comunitarios, con traducción en awajún y wampis. Asimismo, demandamos una atención integral a víctimas de violencia sexual con brigadas fluviales para un sistema de traslado oportuno de las víctimas y que el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional informen a la población los recursos financieros y humanos que disponen para atender dichas emergencias.

• Educación: alternativas a las residencias estudiantiles

Las residencias estudiantiles, creadas para responder a la dispersión territorial, pueden hoy incrementar la vulnerabilidad de las estudiantes cuando carecen de personal, supervisión y mecanismos de denuncia. Solicitamos al Ministerio de Educación, al Gobierno Regional y a los gobiernos locales cambiar el modelo junto con las comunidades a un sistema territorial alternativo que garantice el acceso a la educación y a su vez priorice el derecho a crecer en familia. En ese sentido, resulta también necesario fortalecer las instituciones educativas cercanas mediante redes y transporte fluvial seguro, y crear mecanismos seguros de alerta y denuncia con vigilancia comunitaria frente a la violencia en el entorno escolar. No basta con mejorar la infraestructura: se necesita revisar el modelo educativo que obliga a las y los adolescentes a alejarse de sus familias.

• Reconocimiento de las defensoras comunitarias

Las defensoras comunitarias son quienes primero escuchan, orientan y acompañan a niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de violencia, pero su labor es voluntaria, precaria y depende de relaciones informales con las instituciones. Proponemos reconocerlas formalmente, crear un registro territorial que les otorgue legitimidad, implementar protocolos obligatorios de articulación con salud, educación, justicia y protección que le permitan acompañar los diferentes casos. Su rol debe reconocerse y protegerse, sin que ello implique trasladarles responsabilidades que corresponden al Estado.

Una ruta inmediata de cambio

Solicitamos que, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta carta, se convoque una reunión pública de alto nivel en Condorcanqui, con autoridades de capacidad efectiva de decisión y participación prioritaria de organizaciones como AIDESEP, Gobierno Territorial Autónomo Awajún - GTAA, COMUAWUY, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís. Asimismo, solicitamos que el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 garantice el financiamiento de dichas acciones y que se apliquen sanciones efectivas, incluido el retiro definitivo del servicio, al personal de salud, educación y de las guarniciones militares responsable de abusos sexuales, conforme a la normativa vigente.

Las organizaciones impulsoras reafirmaron su compromiso de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y exhortaron al Estado a implementar una respuesta inmediata, coordinada y permanente en Condorcanqui, con la participación activa de las organizaciones indígenas y una mayor presencia institucional en el territorio.