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Un reciente informe reveló que apenas el 3 % de las viviendas autoconstruidas en el Perú cumple con condiciones adecuadas de seguridad para enfrentar un sismo, mientras que el 97 % restante fue edificado sin planos, estudios de suelo ni supervisión profesional. La investigación advierte que esta situación representa un alto riesgo para millones de familias, especialmente en un país ubicado en una zona de intensa actividad sísmica.

De acuerdo al Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) citado por diario El Comercio, el 71 % de los 6,6 millones de viviendas existentes en el país ha sido levantado mediante autoconstrucción. La mayoría de estas edificaciones se financió con los ahorros de las familias y fue ejecutada por maestros de obra, muchas veces sin la participación de ingenieros o arquitectos, lo que incrementa la vulnerabilidad de las estructuras frente a terremotos y otros desastres naturales.

El informe también señala que el 73% de las viviendas autoconstruidas carece de licencia de edificación y que solo una mínima proporción recibió alguna sanción por esta irregularidad, lo que evidencia las deficiencias en la fiscalización municipal. Además, muchas de estas viviendas permanecen durante años en proceso de construcción y, en algunos casos, sin acceso a servicios básicos como agua, desagüe o electricidad.

Especialistas consultados alertaron que la ausencia de estudios de suelo, el uso inadecuado de materiales, la falta de refuerzo estructural y la construcción en zonas de alto riesgo, como laderas de cerros o áreas cercanas a ríos, aumentan significativamente la posibilidad de colapsos durante un sismo o frente a fenómenos como huaicos e inundaciones. Asimismo, enfatizaron la necesidad de promover asistencia técnica y mecanismos de financiamiento que permitan mejorar la calidad de la autoconstrucción.

Ante este panorama hicieron un llamado a fortalecer las políticas públicas de vivienda, incrementar la fiscalización de las construcciones y fomentar una cultura de prevención que priorice la seguridad estructural. Consideran que reducir la informalidad en el sector y facilitar el acceso a asesoría profesional serán medidas clave para disminuir el impacto que podría ocasionar un terremoto de gran magnitud en el país.